Seguridad

Andrés Macías Tolosa, PhD
Docente investigador - Opera
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

• Recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la fuerza pública, en especial en la Policía Nacional. La confianza policial en los ciudadanos se ha debilitado mucho, evidenciado en los bajos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía y en la imagen negativa que se tiene de la institución. Esa situación ha estado acompañada de un debilitamiento de la figura de autoridad de la fuerza pública, que es la llamada a hacer cumplir la ley. Pero esa figura de autoridad no se recupera obligando al ciudadano a respetar a la fuerza pública, no se recupera por la fuerza; se recupera por medio de la reconstrucción de la confianza ciudadana en los uniformados.
• Ajustar la estrategia de enfrentamiento a los grupos armados ilegales. Dirigir esfuerzos hacia objetivos específicos de las estructuras de los grupos armados ilegales no es suficiente ni efectivo para incidir en la reducción de la violencia que esos grupos realizan. Es necesario priorizar la protección de las personas y de las comunidades, y que el control territorial sea efectivo y permanente, algo que no se ha logrado por la estrategia implementada y por un pie de fuerza limitado que no lo permite. Asimismo, es vital enfrentar los grupos armados ilegales a través de las rentas que les generan las economías criminales que controlan; esa vía puede resultar más efectiva y más costo-eficiente.
• Revisar la política criminal para que sea más efectiva en la reducción de los delitos y en la lucha contra el crimen organizado. El hacinamiento carcelario y penitenciario es insostenible y requiere atención inmediata. El nivel de hacinamiento en cárceles, centros de detención, unidades de reacción inmediata y estaciones de policía vulnera los derechos humanos de las personas y tiene un impacto negativo enorme en materia de seguridad. Las cárceles, más que centros de resocialización, se han convertido en escuelas del crimen; quienes ingresan a un centro penitenciario terminan fácilmente vinculados a redes criminales y, una vez recuperan la libertad, ya no pueden salirse de esas redes. Los fiscales y los jueces no son suficientes para investigar y procesar todos los casos que se requieren. Y mientras tanto, se recarga la labor y la imagen de la fuerza pública.
• Fortalecer la oferta de seguridad con enfoque territorial. La planeación territorial en materia de seguridad, representada en los PISCC, no se realiza de manera estratégica ni efectiva. Los diagnósticos de las amenazas a la seguridad se pueden construir desde el territorio, y para ello los PISCC son fundamentales, tanto a nivel urbano como rural. Hay recursos importantes, con destinación específica para la seguridad y la convivencia, que no se utilizan por fallas en el ejercicio de planeación. La articulación entre las autoridades civiles y la fuerza pública, en el territorio, puede fortalecerle con lineamientos claros y concretos que se armonicen con las políticas y lineamientos del nivel nacional.
• Robustecer la estrategia comunicacional del Ministerio de Defensa que ha demostrado fallas en la forma como se comunica con la ciudadanía, con el Congreso y con otras instancias estatales. Esas fallas han llevado a generar cuestionamientos, operaciones y estrategias de la fuerza pública, que se podrían evitar con una comunicación estratégica más sólida y estructurada. De igual forma, una nueva estrategia comunicacional puede lograr que el sector defensa y, en especial, la fuerza pública, recupere la legitimidad que ha perdido y mejore los niveles de integridad y transparencia que toda entidad estatal debe garantizar y que la población reclama.
• Consolidar una definición robusta de los intereses nacionales de Colombia. La nación no ha logrado construir unos intereses nacionales que guíen el camino a seguir en materia de seguridad y defensa, razón por la cual, las políticas del sector terminan siendo políticas de gobierno y no políticas estatales de largo plazo.