Desafíos de la política pública de Derechos Humanos

En un seminario de discusión de la Cátedra Unesco, se analizaron las formas cooperativas de gobernanza, para resolver la gran demanda de derechos de la sociedad civil.

Cuando el desempleo y la discriminación racial aumentaban las brechas sociales en Estados Unidos, el poderoso discurso de Martin Luther King, en agosto de 1963, impulsó el movimiento de miles de personas, especialmente en el sur de ese país, para exigir sus derechos civiles.

Este clamor tuvo eco en el gobierno de John F. Kennedy, quien no sólo apoyó la integración racial, sino que impulsó el goce efectivo de los derechos de las mujeres y demás minorías del país norteamericano.

Además, propuso un programa de inversiones sociales que amplió las prestaciones de desempleo, aumentó el salario mínimo e inició un plan para la construcción de viviendas sociales y otras inversiones públicas en educación.

Programa que su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, siguió después de que Kennedy fuera asesinado por un francotirador en Texas, luego de tres años como presidente y mientras se preparaba para las elecciones presidenciales.

La Gran Sociedad, como se le conoció al conjunto de reformas sociales para acabar con la pobreza y la injusticia social por medio de ayudas federales, logró también que el Congreso aprobara la Ley de Derechos Civiles y una reducción en los impuestos, que produjo un aumento en el capital de inversión.

La ruptura de esta filosofía, explicó Javier Torres, coordinador del Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad Externado, se dio con la línea de políticos como Ronald Reagan, gobernador del Estado de California en 1967 y luego presidente de Estados Unidos en 1981.

“Un grupo importante de personas entonces empezó a sentir que el costo de las inversiones en política social era enorme, pues la única manera que tiene un Estado de financiar eso, es a través de impuestos”, señaló.

En ese sentido el académico agregó que una inversión pública mal dirigida, causa más problemas de los que soluciona, por lo que empieza a gestarse desde el Congreso y sectores políticos, una agenda anti estatal, de tendencia conservadora.

“Para algunos, el Estado pavimentaba el camino a la servidumbre, no a la redención social, por lo que plantearon eliminar la fuerza del Estado para darle espacio a la del mercado”, manifestó el académico.

Es así como, cuando Margaret Thatcher y Reagan formaron una alianza política que revitalizó el conservatismo y ratificó el predominio capitalismo, aparece el mercado como factor de terminante entre la sociedad civil, los derechos y el Estado.

“A partir de allí el mercado se convierte en jugador esencial y no el Estado, por lo que las formas colaborativas de gobierno se vuelven necesarias”, indicó Torres.

Precisamente esas formas colaborativas entre el mercado y la sociedad cobran relevancia en la solución de los problemas colectivos, sin dejar a un lado la garantía de los derechos.

“Ahí nacen, por ejemplo, las Alianzas Público Privadas entre el mercado y Estado, las políticas de Responsabilidad Social Empresarial entre la sociedad civil y mercado, entre otras”, explicó.

No obstante, concluyó advirtiendo que “la garantía de los derechos nunca será políticamente neutral”, por lo que urge posicionar el respeto a los Derechos Humanos en el escenario político y empresarial, como un elemento esencial de la convivencia y la competitividad, para alcanzar un desarrollo económico sostenible que mejore las condiciones de la población.