“Estamos viviendo una gobernanza criminal”: general (r) Óscar Naranjo
Por:
Angie Suárez
En medio de una creciente ola de violencia que azota tanto a las ciudades como a las zonas rurales, Colombia atraviesa una de las crisis de seguridad más complejas de los últimos años. El fortalecimiento de estructuras criminales, la pérdida del control territorial por parte del Estado y la ausencia de una política de seguridad clara y eficaz han agudizado una situación que, según expertos, requiere acciones inmediatas y urgentes.
Con el propósito de analizar esta realidad y proponer alternativas desde la academia, nuestra Universidad organizó el conversatorio ‘¿Seguridad en crisis? Balance y perspectivas de la seguridad en Colombia’, convocado por el Centro de Paz y Seguridad que dirige Andrés González. En este espacio participaron nuestro rector, Hernando Parra Nieto; y como panelistas el general (r) Óscar Naranjo y el profesor emérito Alfonso Gómez Méndez, dos figuras clave en el debate sobre seguridad y construcción de paz en el país.
Desde hace más de cuatro décadas, América Latina ha sido considerada la región más violenta del mundo. Colombia, en particular, ha vivido ciclos de conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento forzado y violencia estructural. De acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, entre enero y abril de 2025, más de 950.000 personas se han visto afectadas por situaciones de violencia en nuestro país. Esta cifra cuadruplica el número de personas afectadas durante el mismo periodo de 2024, lo que confirma la profundidad de la crisis.
“Sí hay crisis de seguridad en Colombia”
Para Naranjo, uno de los aspectos más alarmantes del panorama actual es el surgimiento de una “gobernanza criminal”: un modelo informal de control territorial ejercido por grupos armados que suplen funciones estatales en comunidades vulnerables.
“Los Estados mostraron sus más grandes debilidades mientras que el crimen encontró un espacio. En regiones como Urabá, fueron los grupos ilegales quienes distribuyeron vacunas en plena pandemia. Esto cimentó una nueva forma de poder: la gobernanza criminal, basada en la imposición de normas, economías ilegales, corrupción y aceptación social”, explicó Naranjo.
Este fenómeno, dijo, compite con el Estado en legitimidad frente a la ciudadanía, especialmente en zonas donde históricamente ha habido abandono institucional. En departamentos como el Cauca, Guaviare, Putumayo, Córdoba, Bolívar y el Catatumbo, se vive una verdadera tragedia humanitaria, en la que incluso las fuerzas armadas han visto limitada su capacidad de garantizar el orden público.
“Ojalá el Gobierno, con un mínimo de humildad, reconozca que estamos ante una crisis real. Negarla es dilatar las soluciones, cuando lo que se requiere es acción urgente en los territorios”, sentenció.
Por su parte, el profesor Alfonso Gómez Méndez insistió en que la actual crisis de seguridad también es reflejo de una crisis del Estado. “No se ha actuado con la contundencia necesaria. Hemos pasado de amnistía en amnistía, hasta llegar a la impunidad total. Hay más de 30 leyes sobre justicia transicional, pero los resultados siguen siendo limitados”, dijo.
Para Gómez, es urgente reconfigurar el Estado, recuperar el control territorial, asegurar el monopolio legítimo de las armas y, sobre todo, construir una relación más vinculante entre el gobierno nacional y los territorios. “Hoy los alcaldes y gobernadores no tienen herramientas reales para orientar a la fuerza pública según las necesidades locales. Es hora de establecer acuerdos vinculantes sobre seguridad”, propuso.
Además, enfatizó que no basta con celebrar la reducción de ciertos indicadores como el homicidio porque el crimen organizado, el desplazamiento y la extorsión siguen creciendo, “y esos también deben ser parte del análisis”.
Desmilitarizar la política de seguridad y construir paz desde los territorios
Uno de los planteamientos más innovadores del conversatorio fue la propuesta de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana, que desligue la política de seguridad del enfoque militar porque, según Gómez: “la política de seguridad no puede seguir siendo solo una política militar. Debe responder a las realidades sociales y a las necesidades de los ciudadanos”.
En ese sentido, ambos expertos coincidieron en que se necesita un Estado competente, pero también una ciudadanía más activa que participe en la construcción de políticas públicas y exigir la rendición de cuentas a las autoridades. Porque, como lo expresó nuestro rector Hernando Parra Nieto durante su intervención de apertura: la violencia que vivimos hoy no es la misma de los años noventa o del inicio del siglo XXI, tiene nuevas características, nuevas expresiones y, por ello, debemos adaptar nuestras respuestas y entender que la seguridad es una condición necesaria para la paz.
“Que esta conversación sirva como un referente para construir juntos esa tan anhelada paz que ha sido esquiva, pero siempre buscada por nuestra querida Colombia”, concluyó.
