Prevenir y actuar: nueva guía para identificar a tiempo el riesgo de feminicidio en Colombia
Nuestra Casa de Estudios fue el epicentro del lanzamiento de la Guía para la valoración de la percepción del riesgo de feminicidio en el contexto familiar, una herramienta de prevención del delito de feminicidio que contará con la articulación entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
En Colombia ocurre un feminicidio cada 24 horas. Así lo señalan las cifras de la Fiscalía General de la Nación que también advierten sobre el incremento del 123% de los casos de tentativa de feminicidio sobre los feminicidios entre los años 2016 a 2024. A pesar de los avances institucionales y legales en esta materia (como ocurrió con la expedición de la Ley Rosa Elvira Cely), aún persisten los desafíos para que las mujeres accedan a espacios de acompañamiento y posterior prevención cuando se encuentran en situación de riesgo.
Por ello, estas tres entidades decidieron unificar la valoración de estos casos de manera que se convierta en una estrategia clave para prevenirlos, identificarlos oportunamente y activar los protocolos para dar respuestas institucionales que resulten eficientes y eviten el delito. Jorge Iván Cuervo, Ministro de Justicia, indicó que desde la entidad se tiene un propósito superior e inaplazable: proteger la vida de las mujeres en Colombia y que, como país, no podemos resignarnos ni naturalizar las alertas que manifiestan las mujeres que pueden ser víctimas de feminicidios y que, de forma conjunta con las comisarías de familia, es crucial identificarla.
“Esta guía va a ayudar a que el entorno ayude a identificar estos riesgos y a que nuestros operadores jurídicos se tomen en serio los riesgos de feminicidio. Porque, hay que decirlo, detrás de esto hay una estructura patriarcal en la operación que invisibiliza y relativiza los casos de violencias basadas en género que pueden terminar en feminicidios”, dijo. Además, resaltó que la guía es una decisión de política pública dedicada a salvar vidas.
Sara Romero, directora de Justicia Formal de la misma entidad hizo una explicación detallada de la guía y recalcó el que contribuye a reducir la revictimización y reconoce las múltiples formas de discriminación que pueden consolidar los riesgos. “Además, brinda información confiable para el diseño de políticas públicas, pero debemos tener en cuenta que ningún instrumento será suficiente sin voluntad política”, dijo.
En nombre de las entidades articuladas con el Ministerio para la aplicación de la guía intervinieron Deicy Jaramillo Rivera, Fiscal Delegada para la seguridad territorial; y Ariel Emilio Cortés, Director de Medicina Legal; y Lisa Gómez, Defensora Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género, quienes coincidieron en que, más allá de ser una herramienta escrita es fundamental que las personas conozcan los procesos, que confíen en la justicia y en que uno de los objetivos de esta guía es que llegue a todos los rincones del país y eliminar las barreras de acceso.
En ese sentido, la Guía para la valoración de la percepción del riesgo de feminicidio en el contexto familiar cobra aún mayor relevancia, pues responde a una realidad que durante años ha permanecido invisibilizada. Muchas veces el riesgo se queda en silencio. Podría ser la historia de alguien que sonríe en público, pero que por dentro vive llena de dudas y con señales que no sabe cómo interpretar. Porque el riesgo no siempre grita: a veces susurra y se esconde en situaciones que se repiten, que parecen normales, pero que dejan de serlo. Durante mucho tiempo, estas señales no fueron escuchadas o no fueron atendidas a tiempo.
Por eso, esta herramienta busca precisamente cambiar ese panorama: fortalecer la capacidad de identificar, valorar y actuar frente a esos signos de alerta antes de que sea demasiado tarde. Identificar el riesgo puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o llegar demasiado tarde. Con esta guía, el país da un paso firme para gritar con fuerza que la vida de las mujeres sí importa y que, como sociedad, academia e instituciones, existe una responsabilidad compartida de actuar de manera oportuna, articulada y efectiva para prevenir el feminicidio.
