XXIV Seminario Interdisciplinario de Derecho Procesal sobre Acciones Populares y de Grupo

El Departamento de Derecho Procesal invita a estudiantes y público en general a participar en el evento, el cual no tiene ningún costo.

Cualquier estudio sobre las técnicas de tutelas jurisdiccionales colectivas tiene que considerar que en las sociedades post-industriales existen sujetos que, con una sola conducta, están en posición de incidir en situaciones subjetivas homogéneas de una pluralidad de individuos.

Es también evidente que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen relevancia y protección a “bienes comunes” no susceptibles de apropiación exclusiva, respecto de los cuales la colectividad predica un interés común (el agua potable, el ambiente sano, la competencia).

En lo que atañe a estas exigencias de protección, normalmente las vías de tutela divergen.

Por un lado, los ordenamientos jurídicos predisponen formas de control, verificación y sanción, instituyendo entes por encima de las partes y Autoridades (que en el modelo anglosajón son independientes), otorgándoles poderes que, en muchos casos, son asimilables a los que tienen los Fiscales. Se trata de la vasta gama de instrumentos de public enforcement (entes o instituciones públicas).

Por otro, se abren los caminos de la tutela jurisdiccional que requieren la adopción de sofisticados instrumentos de protección, dependiendo de la necesidad de hacer cesar una conducta, o de ordenar su no repetición; o bien, de la reintegración patrimonial de una multitud de sujetos que hayan recibido daños a partir de una única conducta o de conductas homogéneas. En estas hipótesis se recurre a instrumentos de private enforcement (procesos civiles colectivos).

El objeto del seminario consiste en generar una visión general de los instrumentos de tutela colectiva en Italia (y en particular sobre las nuevas acción de clase y acción inhibitoria, introducidas en el Código de Procedimiento Civil por la Ley 31 del 2019), comparados, por un lado, con las disposiciones adoptadas en algunos de los principales sistemas europeos y, por otro, con el sistema normativo adoptado en Colombia, en particular con la Ley 472 del 1998, a la cual hace referencia también el Estatuto del Consumidor.