Corrupción y COVID-19: ¡Cuidado con los incentivos económicos!

Aun en tiempos de crisis- y más aún en tiempos de crisis- hay que cuidarse de la corrupción y de que los subsidios no hagan más difícil la cooperación entre las personas.

Incentivos económicos vs. motivaciones morales

La crisis económica ha hecho que los gobiernos diseñen mecanismos para garantizar el suministro de los bienes o servicios de primera necesidad y para proteger las actividades cuya suspensión tendría efectos muy negativos para la sociedad.

Un enfoque tradicional es el de los incentivos económicos: si hay una actividad que se valora especialmente, debe pagarse por ellas una prima o sobreprecio adicional al del mercado.

Este principio suena muy bien, pero investigaciones recientes indican que muchas veces no funciona y que, además, puede socavar las motivaciones morales y agravar las deficiencias en el funcionamiento de sociedades como la nuestra – donde infortunadamente abunda la corrupción y falta la transparencia-.  

La teoría básica supone que las personas se preocupan exclusivamente por su bienestar económico y, en función de esto responden a los distintos incentivos: si les pagan más por una actividad, tendrán un mayor interés en realizarla, si les pagan menos, seguramente no querrán hacerla.

Dentro de esta teoría la moral ocupa un lugar secundario, porque el sistema de precios asegura por si solo que los recursos productivos se utilicen de la mejor manera. Así pues, en la lógica del mercado y bajo ciertas condiciones, el interés propio y el sistema de precios son suficientes para garantizar dichas asignaciones.

Esta hipótesis ha sido criticada por numerosos pensadores como Samuel Bowles. En su libro La economía moral, Bowles advierte que la moral juega un papel importante en el comportamiento humano y que, por tanto, los incentivos económicos pueden tener un efecto contrario al que sugieren las lógicas de mercado.

Un buen número de experimentos ha demostrado que los individuos incorporan motivaciones morales en sus decisiones de carácter económico. Además, cuando en estos experimentos se añaden incentivos económicos para promover comportamientos “pro-sociales”, los supuestos morales que inicialmente guiaban la toma de decisiones tienden a diluirse. Bowles se refiere a este segundo fenómeno como un “desplazamiento de las preferencias sociales” que depende del conjunto de incentivos que se le ofrecen al individuo.

Para canalizar el egoísmo individual en beneficio del interés común, los gobiernos suelen imponer multas y ofrecer recompensas a sus ciudadanos, pero según Bowles, tales incentivos pueden tener efectos secundarios por los siguientes motivos:

• Pueden revelar información acerca de quien los diseña y cambiar la forma como los receptores valoran la situación;
• Pueden ser rechazados por los receptores si los perciben como un intento de negar o reducir su autonomía
• Pueden inducir una desconexión moral, es decir, hacer que asuntos considerados de carácter moral por los receptores, pasen a ser interpretados como asuntos de mercado. Un ejemplo es el de las donaciones de sangre que se vieron reducidas en países donde se paga por ellas, porque los donantes interpretan la donación como un asunto económico y no moral. La enseñanza es clara: apelar al interés individual puede minar los impulsos morales propios de los individuos empeorando el funcionamiento de ciertas instituciones.

La enseñanza es clara: apelar al interés individual puede minar los impulsos morales propios de las personas y empeorar el funcionamiento de ciertas instituciones. 

Claro está que ninguna estructura de mercado o forma de contrato puede eliminar todas las oportunidades de aprovechamiento individual, de modo que siempre existirá la posibilidad de hacer trampa.

Es más: si no hay una razón de fondo que inspire confianza y buena voluntad entre los ciudadanos, no será posible que cooperen aunque existan incentivos económicos.

En resumen: los incentivos no pueden reemplazar las motivaciones morales, pero los malos incentivos sí pueden socavar la bondad humana.

Incentivos y corrupción

El gobierno declaró el Estado de Emergencia con el fin de agilizar la labor de las autoridades y facilitar el uso de los recursos públicos.

Lamentablemente, la urgencia de la crisis sanitaria puede ocultar la urgencia de la transparencia en el uso de los recursos públicos, y convertir la ayuda humanitaria en una “piñata” o en un asunto de mercado con resultados tan malos como los ya mencionados. En otras palabras, para algunas personas, la pandemia podría ser en una oportunidad para aumentar su beneficio personal en detrimento del bien común.

A lo anterior hay que agregarle que la corrupción ya había socavado la integridad o credibilidad de muchas instituciones estatales de Colombia.

La corrupción tiende a agudizarse cuando hay pánico generalizado, altos niveles de incertidumbre y cambios en los comportamientos de la oferta y la demanda de bienes y servicios. La situación actual así lo demuestra:

• La procuraduría abrió investigaciones en ocho departamentos (Meta, Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca, San Andrés y Tolima) por posibles irregularidades en la contratación para atender la emergencia sanitaria. Las irregularidades incluyen contratos no publicados en la plataforma gubernamental, Colombia Compra Eficiente (SECOP), sobrecostos en las compras de alimentos para los más vulnerables y uso de recursos en contratos de publicidad y comunicaciones sobre la COVID-19;
• De acuerdo con el Contralor General, también se han encontrado irregularidades en la compra de utensilios para el sector de la salud y sobrecostos en elementos como camas y camillas;
• La Superintendencia de Industria y Comercio está trabajando de la mano de la Fiscalía para sancionar a los especuladores porque se han presentado alzas exageradas en los precios de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y elementos de aseo y limpieza.  

Recomendaciones

Estos ejemplos y los aportes teóricos mencionados demuestran que los incentivos económicos son una mala idea si atentan contra la moral y el civismo, dos aspectos fundamentales en la toma de decisiones.

Adicionalmente, aplicar este tipo de incentivos de forma generalizada podría convertir al apoyo mutuo en una mercancía y hacer que los individuos dejen de estar dispuestos a colaborar entre ellos si no existe una recompensa individual.

En definitiva, no es este el momento para defender argumentos económicos dudosos que podrían socavar las bases morales que toda sociedad necesita para subsistir.

En momentos como este, los gobernantes deben evitar a toda cosa establecer incentivos perversos que desencadenen comportamientos indeseables y amenacen la moral social.

Así mismo, deben fortalecer los organismos responsables de supervisar comportamientos oportunistas como los que se han presentado en los últimos días.

Finalmente, esta es una oportunidad para mejorar nuestra comprensión del verdadero valor de ciertos bienes y servicios que no necesariamente está reflejado en las lógicas típicas del mercado.

Como afirma Bowles, se trata de hacer que la lógica de mercado conviva con la moralidad individual y no de que la segunda sea reemplazada por la primera:

“las buenas políticas son aquellas que potencian la consecución de fines sociales valiosos, no solo controlando el egoísmo individual sino también evocando, cultivando y potenciando la generosidad y actitud prosocial de la gente… de forma que la persecución del interés propio y los sentimientos morales se refuercen unos con otros, en lugar de reducir recíprocamente su eficacia”.

Por Julián Arévalo y Andrea García
Docentes e investigadores de la Facultad de Economía

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.