La pandemia en Colombia: densidad en el poder, improvisación y desconexión.

Por Juan Manuel Zuluaga

Debido a la declaración del estado de emergencia el 17 de marzo de 2020, la Universidad Javeriana ha venido desarrollando un control fiscal detenido y preciso sobre los decretos presidenciales que han sido radicados por fuerza de ley. Este análisis es importante ya que permite reunir las políticas que más impacto suponen tener en la sociedad.

La política fiscal es una herramienta de gasto que según Keynes permite modificar la producción, empleo y los precios en el corto plazo. Por ejemplo, después de sucesos como el “efecto Tequila” en México o la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, la política fiscal ha mostrado resultados bastante favorables y a pesar de que no se recuperan las economías en forma de “V”, puede generar posibilidades de crecimiento y mayores dinámicas en los mercados. La gran mayoría de especialistas hablan del COVID 19 como la peor crisis económica desde 1930, pero la investigación del Observatorio frente a las decisiones gubernamentales muestra como el manejo de la crisis ha sido poco preventiva y en su mayor parte reaccionaria.

Esta nota no tiene como objetivo determinar cuál es el camino adecuado, pero, buenas políticas fiscales y monetarias permiten generar dinámicas en los mercados para poder tener nuevos ingresos y nuevas posibilidades que permitan impulsar los sectores claves para el camino de la recuperación.

Desde el 17 de marzo se han expedido 101 decretos, 63% de los decretos son directamente relacionados con el COVID 19. En general los decretos tienen las siguientes características:

CANTIDAD DE DECRETOS CUALIDAD
71 Impacto Económico
14 Impacto en el Gobierno Central
9 Gobierno Local
37 Impacto a Empresas
24  Impacto Directo a la Ciudadanía

La principal acción que ha tomado el gobierno para el manejo de la pandemia ha sido la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) el 23/03/2020. Este fondo ha venido recogiendo recursos del FAE, FONPET, PGN, Fondo Nacional de Garantías, Fondo de Riesgos Laborales, los rendimientos de la administración de recursos y por último los que determine el gobierno central con el objetivo de solventar las necesidades generadas por la pandemia.

El Fome ha utilizado recursos supremamente extensos, por ejemplo, se han utilizado 80% de los recursos del Fonpet y no se tiene en claro a donde se han ido los recursos ya que los decretos no determinan a precisión el destino. Sin embargo, si han determinado los sectores a dónde van los recursos, que son; la atención a la salud y la protección social, la agricultura y el desarrollo rural, asistencia alimentaria y la cobertura de calidad de los servicios públicos.

Frente a las ayudas directas que se han aplicado sobre la población se encuentran apoyos transversales en impuestos a personas naturales y sector empresarial, los cuales consisten en mayores facilidades de pago y mayores plazos de pago frente a las personas naturales. Flexibilización sobre las vacaciones colectivas, devolución directa de saldos a favor del IVA y por último una reducción de los cobros prestacionales a todos los empleadores y trabajadores independientes, realizando un aporte del 3% a diferencia del 16% anterior.

Además de las prórrogas que se darán a las personas naturales, el gobierno central tiene algunos programas para el apoyo a la población colombiana más vulnerable. Familias en acción dará el dinero con mayor facilidad, el programa de Adulto Mayor le dará a la población de asistencia 80,000 COP, el Ingreso Solidario también asistirá a la población que no aplico o no está directamente relacionada con los programas anteriormente mencionados, por lo tanto, el Ministerio de Hacienda determinará y generará ordenes de gasto y montos de transferencia con recursos del FOME.

Según datos de la Universidad de Columbia, Colombia se sitúa en un gasto bajo comparado a otros pares de la región. Colombia ha gastado aproximadamente un 2% del PIB en gastos relacionados con la pandemia, a diferencia de Perú que ha gastado más del 9% del PIB. Esto se ve reflejado en el poco discutido Marco Fiscal de Mediano Plazo y la baja inversión que se denota en el Presupuesto General de la Nación. Frente al MFMP es importante recalcar que se espera una recuperación económica nunca antes vista, en donde la contracción se espera que sea del -5.5% y la recuperación para el 2021 es del 6.6%. Esto, con una inversión de apenas el 4.3% del PIB según el PGN. La falta de transparencia es una de las situaciones que más preocupa debido a la falta de información que han debido brindar los comités técnicos, 59.7 millones de pesos no se saben de donde saldrán ya que en los documentos oficiales salen como otros. Es necesario una respuesta mucho más clara que genere menores tensiones sobre los ingresos y los gastos del país. Sumado a la ya crítica situación, el PGN no tiene concordancia con lo que se propuso en el MFMP, por ejemplo, frente a la inversión se suponía que sería del 1.7% del PIB, pero en realidad será de aproximadamente 4.3% del PIB, la pregunta es ¿Cuál es la seriedad de los estudios que está realizando el Ministerio de Hacienda sobre las proyecciones y necesidades de la sociedad colombiana? ¿Acaso improvisación o documentos para presentar a la banca? Esto aun no lo sabemos.

Este pequeño recuento sobre las políticas públicas que ha gestionado el gobierno central sobre la pandemia muestra poca planeación y coordinación para la aplicación de políticas de impacto, múltiples políticas que desdibujan el panorama y por último incentivos paupérrimos para empresarios y personas naturales en donde se culminará con familias afectadas por un Estado reaccionario y poco eficaz.

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