Los contratos 5G son una de las mejores alternativas para canalizar recursos públicos que dinamicen la economía

El Departamento de Derecho de los Negocios, por medio de un evento académico llevó a cabo el webinar: “Proyectos de infraestructura 5G y su estandarización de acuerdo con la práctica global”, en el que se analizó este tipo de iniciativas de infraestructura de quinta generación - 5G, recientemente implementados por Colombia.

Mónica Safar, abogada especialista en Derecho Administrativo del Externado, sostuvo que este tema es supremamente importante por el momento que se está viviendo mundialmente y en Colombia.

“Ante las crisis económicas siempre se ha apostado a que la inversión pública es algo que nos puede sacar adelante, por este motivo los contratos 5G en este momento son una de las mejores alternativas para canalizar recursos públicos, que dinamicen la economía”, explicó.

Otro de los puntos por lo que resultan trascendentales estos proyectos, es la actualización de la infraestructura, pues Colombia debe recuperarse respecto del atraso que tiene frente a los países de la región, insistió la experta.

“La infraestructura es un motor necesario e indispensable para la economía y en ese sentido es fundamental para lograr el cumplimiento y satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos que hacen parte del Estado Social de Derecho. Si no hay vías, ni conectividad que nos permitan transportar alimentos, personas, mercancías y correo en general, se hace muy difícil el avance de la economía”, puntualizó.

Durante el panel de discusión, María Olinda Torres, abogada de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), indicó que la intención con la implementación de estos proyectos es acompañar mucho más a las comunidades en el entendimiento de las iniciativas y apoyar con la generación de empleo y beneficios directos para la sociedad.

“Uno de los enfoques que también se tiene en cuenta en estos proyectos de quinta generación es el ambiental, para lo cual desde el Gobierno Nacional y sin ser ajenos al cambio climático, se ha proyectado que las iniciativas sean sostenibles ambientalmente hablando”, indicó.

Desde la experiencia internacional, Jaime Gray socio fundador de NPG Abogados de Perú, argumentó que en los proyectos 5G se busca más la asociación con las diferentes partes involucradas, es decir, Gobierno, empresa privada, sociedad civil y comunidades, porque cada proyecto es diferente y lo que se necesita es mejorar no solo la infraestructura nacional, sino complementar la vida de quienes se verán afectados por la obra.

En conclusión, los expertos señalaron que pese a la necesidad de los proyectos 5G en el país, hay que controlar por medio de contratos los riesgos que asumen las partes.

“Con los 5G, hay que adaptarse a la realidad del mercado, al camino propio que recorra el país en la implementación de estos proyectos, pero sobre todo buscando el beneficio de la economía y de las comunidades”.