Retos en la superación del estado de cosas inconstitucional carcelario y críticas a la excesiva criminalización
Expertos participantes llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de reducir drásticamente la población penitenciaria empleando herramientas de justicia restaurativa y excarcelaciones.
Los dÃas 7 y 8 de octubre se realizó el XI Congreso en PolÃtica Criminal 2020, organizado por el Centro de Investigación en PolÃtica Criminal con el apoyo del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente -Ilanud-.
En esta oportunidad el Congreso se inició con la presentación de tres ponencias magistrales. Luego se realizaron 4 workshops o mesas temáticas.
Las ponencias magistrales se iniciaron con la participación del profesor Ignacio Mayoral del Ilanud, quien analizó la justicia restaurativa como opción necesaria en el contexto de la reacción social a las conductas problemáticas. El docente mencionó los retos y algunas buenas prácticas internacionales en esta materia. Por su parte, el profesor Alejandro Gómez de la Universidad de Antioquia trató la situación de vulnerabilidad de la población trans privada de la libertad en Colombia y las dificultades que enfrenta una lectura interseccional frente al estado de cosas inconstitucional carcelario.
Asà mismo, la profesora Angélica Pardo señaló en su ponencia titulada: «Nuevas tecnologÃas de la información y control social», cómo el uso de nuevas tecnologÃas aplicadas a la vigilancia de los ciudadanos puede conducir a la violación de derechos civiles tan importantes como la libertad de expresión, de asociación, el voto y la igualdad. Explicó que debido a la sofisticación de la vigilancia y análisis de datos que permiten las nuevas tecnologÃas, el modelo del panóptico se ha extendido al mundo extramuros, llevando a este la lógica carcelaria.
Los cuatro workshops tuvieron como objetivo brindar soluciones de polÃtica pública a cada una de las problemáticas identificadas y se caracterizaron por promover la participación tanto de actores de la polÃtica pública como del público en general. Todas las investigaciones giraron en torno a propuestas para superar el estado de cosas inconstitucional carcelario. En este espacio, los distintos docentes llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de reducir drásticamente la población penitenciaria empleando herramientas de justicia restaurativa y excarcelaciones.
A continuación, un breve recuento de los wokshops.
El primero, “Construcción de paz, justicia restaurativa y sanciones propias en la JEP” contó con la coordinación de la profesora Mónica Mendoza de la Universidad del Rosario. La profesora Adriana Romero, de la Universidad Nacional, manifestó la necesidad de que el conflicto sea comprendido por la ciudadanÃa y las instituciones para lograr un diálogo restaurativo en la JEP. Laura Ordóñez de la Universidad del Rosario y Douglas RodrÃguez de la Universidad Pedagógica plantearon las ventajas y desventajas de la justicia restaurativa dentro de ésta jurisdicción. Valentina VillamarÃn en representación del Instituto Seres de la Universidad del Rosario manifestó la importancia de la construcción de paz en las mujeres privadas de la libertad pertenecientes a las FARC. Entre las propuestas de polÃtica pública que presentó esta mesa, están: (i) La implementación de polÃticas para la articulación entre actores e instituciones con el fin de garantizar la efectiva participación de las vÃctimas; (ii) la disponibilidad de la información y la simetrÃa en ella; (iii) la construcción de estrategias de pedagogÃa y democratización de la información para promover espacios restaurativos de participación que logren la deconstrucción del concepto de castigo en la sociedad; y (iv) la implementación de mecanismos de evaluación y control para asegurar la correcta implementación de las estrategias restaurativas.
El segundo wokshop se denominó “Privación de la libertad, hacinamiento carcelario y justicia restaurativa”, y fue coordinado por el profesor Norberto Hernández de la Universidad Javeriana. El profesor del Externado José Manuel DÃaz y el monitor Diego Borbón partieron de un análisis crÃtico del estado de Cosas Inconstitucional Carcelario y señalaron que las cifras oficiales ocultan la gravedad de la situación que se vive en las cárceles y penitenciarÃas. Advirtieron que las condiciones reales de reclusión son peores, más graves y degradantes de lo que se intenta mostrar. Asà mismo, manifestaron que la única forma de garantizar la vida digna de las personas privadas de su libertad es mediante la reducción masiva de la población carcelaria.
El profesor Arturo Acero de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional enfatizó en la necesidad de cambiar la narrativa de justicia retributiva, tan arraigada en la sociedad, e invitó a promover mejores instrumentos para la resolución de conflictos en comunidades y en los operadores de justicia formal e informal. En esta misma lÃnea, los profesores Norberto Hernández y Lorena Vega de la Universidad Javeriana manifestaron la urgencia de implementar una justicia restaurativa, incluso, dentro del sistema penitenciario. Los ponentes señalaron que pese a que estos programas de justicia en las cárceles tienen varias limitaciones, logran amplios beneficios como la responsabilidad activa del agresor, su reinserción y la disminución de la reincidencia. Asà mismo, mencionaron el procedimiento de justicia restaurativa que se está realizando en la Cárcel Distrital de Bogotá.
Por último, la profesora Carolina Sierra hizo referencia al fracaso del sistema progresivo en la privación de la libertad y señaló que la prisión es un factor de reincidencia y el Estado, en consecuencia, debe mejorar las condiciones de reclusión. Señaló que se debe aspirar a que la prisión sea un servicio público que se deje de prestar.  A continuación, se relacionan las propuestas de polÃtica pública que expuso ésta mesa de trabajo: (i) la necesidad de que la Corte Constitucional adopte medidas de fondo como la excarcelación masiva razonable. (ii) El abandono de la narrativa retributiva pues no permite superar los modelos existentes de justicia y las condiciones inhumanas de reclusión. La justicia comunitaria es una alternativa idónea para producir resultados de justicia restaurativa. (iii) La promoción de programas de justicia restaurativa en cárceles para superar el estado de cosas inconstitucional carcelario. (iv) La necesidad de reducir los factores de riesgo inherentes a las prisiones, y la toma de medidas que permitan la libertad inmediata frente a tanta inhumanidad.
El tercer workshop se denominó “Interculturalidad y justicias” y lo coordinó la profesora Marcela Olarte del Centro de Investigación en PolÃtica Criminal del Externado. En él se evidenció que la jurisdicción indÃgena, a pesar de algunos avances, aún enfrenta grandes retos en el ejercicio de sus funciones. La profesora Marcela Gutiérrez, directora del Centro de Investigación en PolÃtica Criminal expuso la cultura y la visión de justicia del pueblo indÃgena Tikuna, al tiempo que Marcela Olarte expuso la justicia ordinaria, la jurisdicción indÃgena y las problemáticas en su articulación en el escenario de la polÃtica criminal.
Los profesores Misael Tirado y Jennifer Pinilla León de la Universidad Militar presentaron la eficacia simbólica de las decisiones judiciales y el diálogo intercultural e inter-jurisdiccional entre la justicia ordinaria y la justicia especial indÃgena. Entre las propuestas de polÃtica pública que presentó esta mesa, están: (i) preservar la autonomÃa de los pueblos y sus justicias; (ii) mantener el diálogo intercultural desde las justicias propias: tanto la armonización en búsqueda del equilibrio (restaurativo) a través de la oralidad como la coordinación de justicias (concejos mixtos que estén integrados por los sabedores). (iii) Fortalecer la jurisdicción indÃgena desde la diferencia de los pueblos, teniendo en cuenta: su arraigo cultural y territorial y los factores que han llevado a la pérdida de su identidad, como el conflicto armado, el despojo de tierras y el desplazamiento forzado, entre otros.
El cuarto y último wokshop se denominó “Libertad, excesiva criminalización y crisis carcelaria” y fue coordinado por el profesor Luis Vélez RodrÃguez de la Universidad de Manizales. En este espacio, los profesores Camilo Quintero, de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja y Nilson Poveda de la Universidad Libre Seccional Cali, manifestaron la necesidad delimitar la detención preventiva como una más de las soluciones para superar el estado de cosas inconstitucional carcelario. Los profesores Luis Vélez de la Universidad de Manizalez, José Fernando Eraso de la Universidad Mariana de Pasto y Luis Jiménez de la Universidad Konrand Lorenz hicieron una crÃtica a la excesiva criminalización por parte del legislativo. Se hizo énfasis en los delitos que sancionan la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.
Los docentes hicieron las siguientes propuestas de polÃtica pública: (i) Reformar la norma procesal penal que impone la detención preventiva en el factor objetivo, esto es incrementarla a 8 años en el quantum del mÃnimo de la pena; (ii) reformar la norma penal sustancial en el factor objetivo, esto es que se incremente el quantum del mÃnimo de la pena a 8 años para conceder el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.; (iii) desarrollar el estándar de prueba de inferencia razonable para lograr una discusión probatoria más racional al momento de la imposición de una medida de aseguramiento; (iii) establecer que la necesidad de la medida de aseguramiento, para cumplir con la finalidad de protección a la comunidad no puede fundamentarse exclusivamente en los criterios objetivos del art. 310 del CPP (Código de Procedimiento Penal), sino que debe sostenerse a partir de medios de prueba que permitan inferir la efectiva posibilidad de reiteración delictiva. (iv) La inserción en el procedimiento legislativo de la Comisión Asesora de PolÃtica Criminal – CAPC, con el fin de incorporar en las fases pre-legislativa, legislativa y pos-legislativa ajustes que permitan elevar las cotas de racionalidad legislativa penal por medio de la incorporación de criterios técnicos que contribuyan a la calidad de la deliberación democrática. (v) Que la designación de los miembros de la Comisión Asesora de PolÃtica Criminal obedezca a la experiencia académica certificada por ACOFADE entre las Facultades de Derecho adscritas, o por diez académicos de las áreas del derecho penal, la polÃtica criminal, la criminologÃa, etc.
