El agua potable en la post pandemia: una agenda con sabor agridulce

Lecciones fundamentales, reflexiones necesarias, recomendaciones para la agenda y constatación de realidades lamentables que no se pueden soslayar, hacen parte de las conclusiones del webinar “Perspectivas para el sector del agua potable pos pandemia”, organizado por el Departamento de Derecho Económico del Externado.

Una de las realidades expuestas de manera descarnada es la de los aumentos que van a registrar las tarifas del servicio de agua en el país este mes de septiembre, como resultado de la necesidad de cubrir los costos generados por los diferentes alivios y subsidios que el gobierno otorgó para ayudar a palear los impactos económicos de la pandemia.

En la discusión participaron José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Diego Polanía, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA; Camilo Sánchez Ortega Presidente ejecutivo de ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias); Julio César Aguilera, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y los profesores del Externado Liza Paola Gruesso y Paula Sánchez (moderadora).

Según Diego Polanía, director de la CRA, en el futuro inmediato se hace indispensable establecer equilibrio financiero entre usuarios y prestadores del servicio; de esta manera, habrá que recuperar los costos causados por los alivios otorgados y se suspenderá la prohibición de aumento de tarifas. Según el experto, la vuelta a la normalidad será dura, pero no hay nada que hacer pues el país no puede bajar su ritmo de inversiones y evitar amenazas a la sostenibilidad financiera de los prestadores.

Para el consultor Julio César Aguilera, “en septiembre viene la destorcida” y el público podrá comprobar que estos alivios no eran un regalo y que las tarifas tendrán un incremento de alrededor del 15 por ciento.

¿Mínimo vital?

Los participantes en esta jornada académica advirtieron sobre los peligros que tiene la defensa a ultranza de un ‘mínimo vital’ de agua para los colombianos. Si bien coincidieron en que el Estado debe garantizar el acceso al recurso, ello exige también asegurar la solidez financiera de los prestadores. Prometer un mínimo vital para toda la población corresponde a una actitud populista e irresponsable, pues podría conducir al desastre financiero de las empresas, con la consecuente afectación de grandes sectores de usuarios, anotaron varios de ellos.

Al respecto, la profesora Liza Paola GRuesso, del Departamento de Derecho Económico del Externado, recomendó el desarrollo de una normatividad flexible tendiente a garantizar el flujo de caja de los prestadores como garantía de una prestación adecuada del servicio.

De otro lado, varios de los panelistas estuvieron de acuerdo en la necesidad de modificar el actual esquema de subsidios para lograr una más justa distribución de los ingresos destinados en el país al agua potable y saneamiento básico. Ello contribuiría a atender las necesidades de la población rural (22%). Allí se necesita inversión en los acueductos, en calidad de agua y formalización de prestadores del servicio.

Entre las ideas que se expusieron para lograr que los recursos lleguen de manera ágil y eficiente a donde se necesitan, se propuso reforzar los esquemas regulatorios diferenciales y mantener el giro directo de los subsidios, establecido como medida de emergencia, lo que permitiría sustraer a los municipios (que con frecuencia imponen trabas burocráticas) del proceso de irrigación de recursos a las comunidades locales.

Finalmente, hubo un reconocimiento en el sentido de que el servicio de agua potable ha mejorado de manera notable en el país respecto de la situación de la década de los 90 del siglo XX. Camilo Sánchez y Julio César Aguilera pusieron de presente cómo este avance ha permitido hacer frente a las necesidades generadas por la pandemia y agregaron que es necesario mantener y multiplicar esos avances