Análisis de la Ley de Desarrollo Territorial en Colombia y el mundo

La aplicación de esta norma ha traído consigo avances notables en la ordenación del territorio en el país. A pesar de las falencias que se pueden identificar, como la permanencia del fenómeno de ocupación informal del espacio, es preciso continuar en esa dirección y perfeccionar los planes de ordenamiento territorial para alcanzar cada día mejores resultados, señaló el profesor Héctor Santaella, experto en el tema.

En el marco del vigésimo aniversario de la Ley 388 de 1997, la línea de investigación en Derecho, Territorio y Gobierno Local del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo realizó el “II Congreso Internacional de Bienes Públicos y Ordenación del Territorio”, en la Universidad.

El evento contó con la participación de expertos de la Academia, la administración y el sector privado, quienes discutieron sobre la aplicación de esta normatividad y los principales desafíos, no solo en el país sino en otras partes del mundo.

Para Héctor Santaella, docente del Externado, este encuentro permitió identificar los mayores problemas que se han generado al aplicar la Ley de Desarrollo Territorial en nuestro país, teniendo en cuenta las diversas adaptaciones que ha habido del POT frente a los cambios de la ciudad, la financiación del desarrollo urbano, la participación ciudadana, entre otros, y así mismo determinar las posibles vías de solución.

“Con la expedición de esta ley se llenó un vacío muy grande en el ordenamiento jurídico colombiano, porque se dotó a las autoridades locales de una caja de herramientas adecuada para lograr asegurar la definición de un orden espacial racional para el desarrollo de todas las actividades y obras que se realizan en el territorio local. De esta forma se hace posible el logro de objetivos como la construcción ordenada de ciudad, el uso adecuado del suelo, la protección del patrimonio ecológico e histórico cultural y la prevención de desastres”, añadió el abogado.

Por su parte el profesor Marcos Almeida, de la Universidad de Santiago de Compostela (España), aseguró que el Estado juega un papel muy importante frente a intervención en materia urbanística; sin embargo, añadió que este debe trabajar de la mano con la sociedad y el mercado, pues cada uno tiene intereses diferentes.

Lo anterior, según expone el académico, mejoraría la planificación urbanística y la ejecución de los proyectos.

Restos para Colombia

Uno de los principales problemas que se vive en Colombia frente al tema, y que se convierte en uno de los retos de la normatividad, corresponde a la ocupación informal, espontánea y desordenada del territorio; aunque esta ley no ha logrado erradicar estos problemas, sí ha contribuido a que se tome conciencia de ellos y a que las autoridades cuenten con instrumentos apropiados para combatirlos y que la ciudadanía pueda exigir su resolución por vías políticas o judiciales.

“El principal reto está en curso en estos momentos, y es la formulación de una segunda generación de POTs mejor concebidos que los primeros, más participativos y cercanos a la población, más enfocados en la promoción de las potencialidades de cada territorio y, en especial, más comprometidos con la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el uso adecuado de los suelos y el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural”, puntualizó Santaella.

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