“La concentración de la tierra reduce su producción y genera desigualdad”: Albert Berry

Durante las IV Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras, varios expertos analizaron el desarrollo del Decreto 902 de 2017, que reglamentó varios aspectos de la Reforma Rural Integral en el país y lo calificaron como fundamental.

Albert Berry, profesor emérito de la Universidad de Toronto, y quien hizo parte de la Misión para la Transformación del Campo, destacó la importancia que el Estado le debe dar a la propiedad de la tierra y al desarrollo de la agricultura familiar.

“Es claro que muchos pequeños agricultores requieren más tierra. Se necesita una política de acceso a la tierra, no solo a los restituidos sino a otros pequeños agricultores, que por uno u otro motivo tienen insuficiente tierra. El otro aspecto es el apoyo tecnológico continuo”, precisó Berry.

De igual forma insistió en la necesidad de la titulación de la tierra para los campesinos, ya que esto mejoraría sustancialmente el desarrollo agrícola del país.

“El título es importante porque invita a la inversión, implica seguridad. La mayoría de los sectores agrícolas más exitosos en el mundo han tenido buena seguridad, por lo menos el título, o en algunos países “exsocialistas” tienen derecho a 50 o más años. En principio estoy a favor de la idea de titulación individual, pero con frecuencia el proceso de titulación es imperfecto legalmente, burocráticamente”, insistió.

Por su parte Miguel Ocampo director de la Agencia Nacional de Tierras, se mostró de acuerdo con las posturas del Dr. Berry en cuanto a que la formalización del campesinado es la primera etapa para avanzar en el desarrollo rural del país.

“La formalización es absolutamente fundamental para superar la inseguridad jurídica. En efecto, si el campesino no es el titular de la tierra en la que trabaja, el Estado no podrá implementar en ese predio medidas como el acompañamiento técnico, la dotación de proyectos productivos, el desarrollo de infraestructura de educación de tierras y difícilmente podrá tener acceso a crédito”, sostuvo.

La principal conclusión de las IV Jornadas determinó que las medidas reglamentadas en el Decreto 902 son trascendentales en la implementación de una política pública de desarrollo rural y plantea importantes retos y oportunidades para el campo colombiano.