“La corrupción debe ser objeto de muchos encuentros para que la academia tenga la capacidad de influir sobre las políticas públicas y sobre la sociedad”: Marta Lucía Ramírez

Durante tres días se desarrolló la cuadragésima primera edición de las jornadas Internacionales de Derecho Penal, cuyos temas centrales de discusión fueron la criminalidad contemporánea y la corrupción.

La jornada inaugural estuvo presidida por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien precisó la importancia de discutir en los escenarios académicos este tipo de flagelos que aquejan al país desde hace tantos años.

“Considero que hablar de legalidad es el punto de partida, pero al igual debe haber respeto a las normas, respeto y dignidad al otro; y es ahí donde la academia interviene, ya que es el lugar llamado a crear una cultura por la integridad, que es lo que necesitamos en las generaciones que se están formando”, indicó.

Por su parte, al término del tradicional evento, el director del departamento de Derecho Penal del Externado, Jaime Bernal Cuéllar, sostuvo que en las jornadas se “logró un altísimo nivel académico, ya que hubo gran libertad de exposición, críticas, análisis argumentados y posiciones antagónicas respetables”.

A manera de conclusión de las jornadas, Bernal Cuéllar subrayó que “la solución no puede ser el Derecho Penal solamente; porque, aunque es necesario, se debe mantener la interdisciplinariedad de las ramas del Derecho, para combatir la corrupción de una manera más eficaz”.

Este evento contó con la presencia de los expertos internacionales Jan-Micheal Simon del Instituto Max Planck y Christine Perdigo Bartholomew de la Universidad de Buffalo, NY, quienes disertaron sobre “La Gran Corrupción, sus daños y sus víctimas” y “Normas antitrust en Estados Unidos y corrupción financiera” respectivamente.

Ambos expositores coincidieron en la tesis que afirma que “la corrupción es la degeneración de las políticas en la sociedad, y lo que la lleva al fracaso”.

A lo largo de las jornadas se analizaron la penas alternativas en la corrupción privada; el delito de omisión en la corrupción pública; mecanismos de cooperación en la corrupción internacional; estándares probatorios en las investigaciones de corrupción; corrupción internacional y doméstica; medidas para restituir lo apropiado en los delitos contra la administración pública; responsabilidad penal de las personas jurídicas; corrupción y medios de comunicación; corrupción en el sistema judicial penal; corrupción y justicia alternativa, entre otros.