Las recomendaciones que debe seguir Colombia para alcanzar la transición energética

Este 25 y 26 de agosto el Departamento de Derecho Minero – Energético de la Universidad Externado de Colombia desarrolló el XXII Congreso Nacional de Derecho de la Energía, en el que expertos(as) debatieron los principales temas en los sectores de energía eléctrica, fuentes no convencionales de energías renovables, transición energética, petróleo y gas.

El rector de la Universidad, Hernando Parra Nieto, afirmó que el sector minero – energético ha cobrado especial relevancia en los últimos años “habida cuenta de las variables económicas, tecnologías, ambientales y jurídicas que han influido directamente en el futuro energético global”.

En diferentes paneles, los(as) expertos dialogaron sobre el rol de los entes reguladores en el mercado energético; la importancia de la transición hacia energías limpias; el acceso a las fuentes de energía para cerrar las brechas sociales; la justicia y la democracia energética; así como el análisis jurídico de los laudos arbitrales que han sido proferidos sobre esta temática.

La ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, participó en la instalación del congreso y habló sobre el proceso de transición energética que quiere promover el Gobierno Nacional: “la transición energética será equitativa. Con generación social, eólica e hidrógeno verde, impulsaremos esta transición que entiende la energía como un buen común. La transición energética será gradual y segura. Garantizado soberanía y autosuficiencia, transitaremos hacia una matriz de generación más diversa”.

La Dra. Vélez invitó a la academia a unirse al proceso de transición: “Este es un camino complejo y la ciencia de la complejidad requiere unas intersecciones que no son fáciles y que requieren esfuerzos extraordinarios desde las disciplinas, desde las universidades e institutos de investigación. No somos los únicos preocupados por acelerar la transición, hay otros países, otros actores, la Cooperación internacional está lista para apoyarnos con esta apuesta del país y esperamos contar con centros de investigación, con lugares de conocimiento como este”.

El director del Departamento de Derecho Minero – Energético, Luis Ferney Moreno, respondió a la Ministra la voluntad del Departamento y su grupo de investigación por seguir estudiando las temáticas concernientes a la transición energética y publicar los resultados de investigación, los cuales se espera sean de gran utilidad para el Gobierno, la academia y las comunidades de todo el país.

Para el profesor del Externado y experto en derecho energético y gas, José Fernando Plata, la coyuntura que vive actualmente Europa pone en evidencia la necesidad de avanzar en la transición energética “para romper la dependencia del gas natural de un país que en este momento está poniendo en crisis el orden mundial a raíz de sus decisiones políticas de invadir un territorio”.

Sobre Colombia, Plata afirma que el gobierno saliente dejó al entrante un catálogo de alternativas de medidas regulatorias “que deben implementarse para avanzar en ese objetivo de dinamizar la competencia y agilizar la transición energética”.

La asesora en regulación para el Grupo Energía Bogotá, Diana Orrego, concluyó que la transición energética no se va a alcanzar, si no se logra una institucionalidad fuerte y el desarrollo de la infraestructura.

“Nada logramos hablando de transición energética, de hidrógeno, si al final no vamos a dar unas señales de estabilidad jurídica para las inversiones, porque, por ejemplo, las inversiones que se requieren para el tema de hidrógeno son altísimas, y el Estado no tiene los recursos para hacerlo, eso lo hace la inversión privada”, afirmó Orrego.

El profesor del Externado, Juan José Arango, resaltó que es importante “buscar la mejor solución para mitigar el cambio climático de manera rápida, efectiva y a bajos costos, sin sacrificar el desarrollo y crecimiento económico, y sin afectar la inversión, el empleo y el bienestar de los ciudadanos. Se debe garantizar el respeto de los derechos adquiridos y del principio de la confianza legítima – seguridad jurídica y estabilidad de las reglas de inversión”.