El Externado habla de Derechos Humanos, Política Criminal y Perspectiva de Género

Los Departamento de Derecho Constitucional y Penal de nuestra Casa de Estudios, y la Defensoría del Pueblo, propiciaron una discusión académica y técnica con base en el estado actual, la aplicación y los retos que involucra el respeto y protección de los Derechos Humanos, la política pública y la perspectiva de género, en nuestro país.

El director del Departamento de Derecho Constitucional, Humberto Sierra Porto, insistió en la necesidad de revisar los impactos diferenciados tanto de las normas como de las políticas públicas.

“Los temas relacionados con la política publica en cuanto a lo que tiene que ver con estos tres grandes ejes, deben ser analizados desde la academia con la intención de dar luces a la ciudadanía y al mismo Estado para el desarrollo de estrategias que permitan cumplir con estos derechos”, sostuvo.

Para el director del Departamento de Derecho Penal, Yesid Reyes, es un deber de la Universidad trabajar sobre estos temas que, aunque no son nuevos, si han estado al margen de la política pública.

“Es importante trabajar en estos temas y más aún cuando son ideas que han costado bastante para que sean incluidas en el debate público. En Colombia hay muchísima resistencia a discutir o legislar acerca de estos temas, sobre todo por ser un país de ideas conservadoras y tan aferrado a la religión católica”, precisó.

Y agregó: “cada vez que se plantean estos temas en el país, suele haber mucha polémica y reacciones adversas y por eso es muy importante que la academia discuta sobre este tipo de iniciativas”.

En este evento se abordaron diversos temas de interés que giran en torno a la penalización de conductas con base en discriminaciones estructurales relativas al género. Así, en los paneles se discutió sobre mujeres privadas de la libertad y derechos humanos, comentarios a la situación de las mujeres privadas de la libertad, el debate sobre la despenalización de la inasistencia alimentaria y el debate sobre el proyecto de ley de alquiler de vientres y reflexiones sobre el macro caso de la JEP sobre violencia sexual.

El foro se instaló con la conferencia magistral: mujeres privadas de la libertad y DDHH, a cargo de la Dra. Patricia Pérez Goldberg, Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien puso de presente que las necesidades de las mujeres privadas de la libertad han sido históricamente invisibilizadas por las políticas públicas, en particular, resaltó que las unidades penitenciarias están construidas desde una mirada androcéntrica, que dificulta aún más su participación plena en el desarrollo social.

En el debate sobre la despenalización de la inasistencia alimentaria los panelistas Linda María Cabrera, Carolina Vergel, Luisa Caldas, y Alberto Gómez disertaron sobre la importancia de la evidencia empírica e investigación que debe haber alrededor del debate, ya que no hay consenso alguno en Colombia sobre el impacto de su despenalización por falta de las mismas, ni tampoco de cuándo se constituye o no el tipo penal.

A su vez, Linda María Cabrera resaltó las deficiencias en la perspectiva de género en el debate y cómo las víctimas de este delito son en su mayoría mujeres.

“Está tan naturalizada la obligación de las mujeres a cuidar, de asumir la responsabilidad frente a hijos e hijas, que nadie piensa que el hecho que el varón se sustraiga -en mayoría de los casos- afecta al patrimonio de la mujer, y, por ende, interfiere sustancialmente en sus proyectos de vida”, señaló.

El Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria, Alberto Gómez, hizo un énfasis en la necesidad de asegurar que el derecho penal sea utilizado para cumplir su finalidad, y a la vez como medio de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son los titulares de los derechos sujetos análisis.

“Antes de pensar en derogar al derecho penal, se debe dotar otras ramas del derecho que ayuden en esta problemática”, resaltó.

El panel conformado por Emilssen González de Cancino, Diana Rocío Bernal, Jessika Barragán y el Ministerio de Justicia abordaron el debate sobre el proyecto de ley de maternidad subrogada. Se desarrollaron los interrogantes sobre los intereses del Estado, de la sociedad y en especial, de la familia, a su vez, debatieron sobre los retos que implica los desarrollos científicos para la regulación, consentimiento de las partes y el uso de material humano,

Del mismo modo, el Ministerio de Justicia explicó que la prohibición netamente no es la manera de prohibir estas gestaciones, puesto que no evita que se hagan las conductas, por lo cual se ha optado con una regulación que tenga unos mínimos para evitar prácticas de instrumentalización, trata de personas, entre otras.

Por último, el panel conformado por Alexandra Sandoval, Julieta Lemaitre, Oscar Parra Vera, Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, Valentina Parra Escobar y Daniela Díaz, realizaron reflexiones sobre el macrocaso de la JEP sobre violencia sexual.

Julieta Lemaitre explicó cómo la Jurisdicción Especial para la Paz clasifica los macrocasos mediante patrones de hechos en los informes, e identifican a los máximos responsables de los hechos. Relata la dificultad que se presenta al momento de estudiar los informes, puesto que hay diferentes delitos en éstos, y se cuestiona la necesidad de arrancar la violencia sexual de estos mismos patrones estudiados.

“Yo creo que no se puede separar, por ejemplo, la violencia sexual del reclutamiento, porque no se puede hacer una diferenciación entre las personas que sufrieron violencia sexual y quiénes no. Hay toda una experiencia que no se puede fragmentar, se entiende la idea de visibilizar estos casos, pero a la vez este puede tener un impacto negativo como positivo en la víctima en el manejo emocional por este maltrato”, resaltó Lemaitre.

Del mismo modo, Oscar Parra expuso la sistematización de 136 informes remitidos por la SRVR relacionados con violencia sexual y de género. En el marco del macrocaso se registró 35.169 víctimas de violencia sexual, siendo el 89,2% de las víctimas documentadas mujeres, y se analizó los lugares en el territorio de Colombia donde se repiten estos patrones.

“Hay tres contextos de análisis sobre estos casos en el marco del conflicto armado: (i) control social territorial, (ii) disputa territorial y (iii) de violencia intrafilias. En el caso de las hipótesis patrón de la Fuerza Pública y en connivencia con grupos paramilitares, se ve como modalidad la violencia sexual, de género, de castigo sexual, y detenciones de mujeres, niñas y adolescentes.”, explicó Parra.