Hacia la construcción de la integridad científica en el país

La relación Empresa – Universidad resultará provechosa para la sociedad siempre y cuando el Estado fije sus reglas en aras del interés público.

La evidencia científica, que se echó de menos en crisis como la de Hidroituango, favorece valoraciones del riego más acertadas.

¿Que tienen en comun eventos recientes como el derrame del pozo La Lizama o la crisis de la presa de Hidroituango? A priori, estos desastres hubieran podido evitarse, o sus efectos nocivos contenerse si las autoridades responsables hubieran asumido una valoracion del riesgo diferente, es decir, hubieran basado sus decisiones en la abundante evidencia cientifica proveniente de instituciones públicas de investigacion o en aquella que resulta de los procesos de socializacion de los proyectos con la sociedad civil.

En el contexto actual donde existe una creciente presion hacia ciertas actividades extractivas, la disponibilidad de informacion cientifica para orientar los debates de interés público, es un tema central para las administraciones. El concepto de integridad cientifica está en el corazon de esta discusion, más ahora, que se insiste en la CTeI [Ciencia, Tecnología e Innovación] como elementos estrategicos de de la política económica de los Estados.

En su artículo “Ciencia, regulación y conflictos de interés: elementos para la definición de un marco normativo en materia de integridad científica”, publicado en el tomo II de la colección editorial “La corrupción en Colombia” publicada por la Universidad Externado de Colombia, Rodrigo Corredor aborda la necesidad de trabajar en un marco regulatorio dirigido a preservar la actividad científica de la captura por parte de empresas nacionales y multinacionales, cuyos intereses no siempre coinciden con el beneficio general.

Para el autor es evidente una marcada tendencia hacia la privatización de los resultados de la investigación científica adelantada dentro de las instituciones académicas. En aras de lograr objetivos corporativos, las empresas, particularmente las multinacionales, usan tácticas cada vez más agresivas para influir en el debate público mediante el soporte, solapado o explícito, de grupos de interés, hasta la financiación de costosos informes científicos a centros públicos o privados de investigación, los cuales son objeto de elaboradas estrategias de divulgación que muchas veces soslayan la observancia de los estándares académicos.  En esta relación Universidad – Empresa – Estado, lo importante es que el Estado no claudique en su rol como líder en materia de investigación y garante del interés público que debe ser el común denominador de la actividad científica.

Pero, entonces, ¿es nociva la financiación de la investigación científica por parte del sector privado? Son variados los argumentos que se exponen: por ejemplo, el temor de que esta se enfoque exclusivamente en ideas con potencial comercial, dejando de lado temas de gran incidencia social. También está el riesgo de pérdida del prestigio y autonomía de los científicos al entrar en un escenario de influencia de la empresa y de la política que, a su vez, puede verse capturada por los intereses capitalistas. Sin embargo, no se trata de eliminar esta posibilidad sino de establecer un marco dentro del cual opere la relación universidad – empresa, aprovechando los beneficios que de ella se derivan y controlando amenazas como las anotadas.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, a la que acaba de ingresar nuestro país, ha llamado la atención sobre el problema relativo a la información sobre la investigación científica. Muchas veces las empresas promueven el secreto de los resultados de diversos proyectos, cuya divulgación sería vital para la sociedad, en aras de obtener grandes utilidades financieras.

Instituciones que tienen qué decir sobre el particular, como Colciencias o el Departamento Nacional de Planeación, han insistido en el valor estratégico de la política científica y, por ende, en el papel fundamental del Estado en cuanto a marcar los derroteros de la actividad científica y a señalar las condiciones en las que se debe producir la relación academia – sector privado,  con el valor de la integridad científica como elemento omnipresente.