Los desafíos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas frente al derecho al acceso y uso de la tierra

El Departamento de Derecho de Medio Ambiente del Externado y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizaron un encuentro para dialogar sobre las perspectivas del desarrollo rural en Colombia y los derechos del campesinado desde los principios y estándares internacionales y su aplicación en el marco de las políticas públicas.

Según cifras de la Agencia Nacional de Tierras, por cada 5 mujeres campesinas beneficiarias de programas de acceso y gestión jurídica de tierra, hay 8 hombres beneficiarios. Esta realidad supone identificar nuevas alternativas a la garantía plena en el derecho de acceso a la tierra y a los territorios para las mujeres.

Montserrat Solano, representante adjunta de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, aseguró que hay una necesidad urgente de mejorar el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres rurales, dado a que ellas enfrentan discriminación y dificultades para participar en diversos ámbitos.

“Los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para erradicar todas las formas de discriminación de las campesinas y deben velar para que accedan en condiciones de igualdad a la tierra y a los recursos naturales, para que puedan utilizarlos y gestionarlos en pie de igualdad”, aseguró Solano.

De acuerdo al Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam), el 26 % de las explotaciones manejadas por personas naturales está a cargo de mujeres, mientras que el 61,4 % está a cargo de hombres y el restante (12,6 %) se hace de manera conjunta. Además, existe una tendencia a que las mujeres solo aprovechan menos de 5 hectáreas y tienen menos acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica.

“La tierra en Colombia ha sido una fuente de vida y sustento para los seres humanos, pero desafortunadamente por la desigualdad y discriminación que existe en su acceso y distribución se ha convertido en una causa del conflicto armado. En la ruralidad hemos visto las expresiones más violentas y con un impacto desproporcionado hacia las mujeres”, afirmó Patricia Fernández Pacheco, representante adjunta – oficial a cargo de ONU Mujeres en Colombia.

Por su parte, Emilssen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, manifestó que las mujeres tienen menos oportunidades de ver reconocido el valor de su trabajo en la producción de alimentos, la minería y otras actividades que implican la labor sobre la tierra.

“Se requiere un intercambio de saberes y perspectivas entre actores sociales, institucionales, académicos y de cooperación internacional, que tenga en cuenta las distintas dimensiones de los problemas de las mujeres rurales y campesinas, para identificar los primeros avances y los desafíos centrales que persisten y las alternativas propuestas desde los diferentes sectores para impulsar una mayor garantía de los derechos para esta población”, comentó González de Cancino.

*Nota conjunta entre Manuela de Filippis y Juan Camilo Sánchez.