Una mirada hacía el nuevo ordenamiento jurídico en conciliación

Expertos(as) y académicos(as) se reunieron en el Externado para analizar en el ‘Foro sobre el nuevo estatuto de conciliación en lo Administrativo: Innovación y oportunidades’, organizado por el Departamento de Derecho Administrativo, el impacto que tendrá en el nuevo ordenamiento jurídico en conciliación.

Por medio de la Ley 2220 de 2022 se expidió el nuevo Estatuto de Conciliación, el cual entrará en vigencia a partir del 30 de diciembre del presente año. Con esta nueva norma, la conciliación se guiará por varios principios enfocados en: la garantía de acceso a la justicia, celeridad, confidencialidad, independencia del conciliador, seguridad jurídica, neutralidad e imparcialidad, entre otros.

Además, se crea el Centro Nacional de Conciliación y el Consejo Nacional de Conciliación, se fortalece el andamiaje institucional y se da estímulos a las personas para que concilien.

Una de las innovaciones es que el estatuto prioriza la gratuidad de la prestación del servicio como garantía de acceso para las personas en condición de desplazamiento o de vulnerabilidad y, por otra parte, contempla el uso de las nuevas tecnologías: la conciliación se podrá realizar en forma digital, electrónica, mixta o presencial.

“Debemos trabajar como país en darle mayor visibilidad a la figura de la conciliación. Esta nueva Ley es un acierto para resolver los conflictos y una gran herramienta para la ciudadanía. Si la cultura jurídica de nuestra sociedad sigue alimentando más el deseo de venganza y el deseo de reparación, estas leyes no van a tener todos los efectos beneficios que podrían tener. En este sentido, la apuesta del Gobierno sí es cambiar ese chip cultural e ir hacía un mundo de conciliación, acuerdos y concertación”, aseguró Néstor Osuna, ministro de Justicia y el Derecho.

Según Roberto Serrato Valdés, consejero de estado, hay una necesidad de trabajar en los problemas asociados a por qué en nuestro país no se concilia “ya que el panorama actual nos dice que hay una tendencia al alto crecimiento de las pretensiones económicas, el número de demandas en contra de las entidades públicas y el aumento de las condenas”.

De acuerdo a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado- ANDJDE, para el primer trimestre del año 2021 en contra de entidades estatales cursaban 329.577 expedientes que alcanzaban pretensiones de 431 billones de pesos.

En ese sentido, Martha Lucia Zamora �vila, directora de la Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado, aseguró que es muy importante promover la cultura de conciliación, lograr un sistema integrado entre la Procuraduría, la rama judicial y la agencia e implementar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Finalmente, Hernando Parra Nieto, rector del Externado, manifestó que estas disposiciones serán aplicables a la conciliación en materia policiva, civil, familia y laboral, además de en asuntos contencioso-administrativos, resaltando de este último punto:

“La búsqueda incesante de descongestión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por medio de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, su trámite administrativo ante la Procuraduría, las nuevas atribuciones de los agentes del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República, así como el control judicial de los acuerdos conciliatorios”.