Implicaciones de las decisiones de la Corte en el caso Cerro Matoso

El análisis fue organizado por el Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia.

En diciembre del año pasado la Corte Constitucional dictaminó que la minera colombiana Cerro Matoso debía pagar $3.000 millones de pesos por los perjuicios causados a las ocho comunidades étnicas que se vieron afectadas por la operación de la mina, principalmente en su salud.

No obstante, en septiembre de este año, una nueva decisión de dicho tribunal consideró que se había vulnerado el debido proceso, porque desconoció un precedente constitucional que determinaba las condiciones en que se pueden ordenar las indemnizaciones por los daños emergentes. También se cayó la orden de crear el Fondo de Etno-reparación, para administrar los recursos para la indemnización.

María Isabel Troncoso Buitrago, docente investigador del Departamento de Derecho Civil; Andrés Mauricio Briceño Chaves, docente investigador del Departamento de Derecho del Medio Ambiente; Daniel Monroy Cely, docente investigador Departamento de Derecho Económico y Carlos Germán Caycedo, docente investigador del Departamento de Derecho Económico, debatieron sobre la situación actual de este caso que ha causado indignación en diferentes campos del país.

Según se informó, a pesar de la última decisión adoptada, la Corte optó por mantener la orden que le dio en diciembre pasado a Cerro Matoso para que brinde atención integral y permanente a las comunidades afectadas.

La minera debe atender a las ocho comunidades que sufrieron enfermedades como cáncer de pulmón, atelectasia plana, silicosis, linfangitis carcinomatosa, neumoconiosis reumatoide, nódulos calcificados en el pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis, bandas parenquimatosas, síndrome de Caplan, sarcoma pulmonar, fibromas, niveles elevados de níquel en sangre u orina, engrosamiento de la cisura pulmonar, mesotelioma, lesiones pruriginosas, pitiriasis u otras afecciones de salud que tengan relación con las operaciones extractivas de la empresa.

Durante el encuentro, los panelistas también debatieron sobre si la Corte llegó a este fallo luego de una revisión detallada de los diversos hallazgos que permitieron corroborar las denuncias de los accionantes, respecto a las múltiples afecciones que padecen quienes habitan en cercanías del complejo minero.

Cerro Matoso también tendrá que renovar su licencia en cuatro meses y cumplir con todos los requisitos medio-ambientales para poder seguir operando la mina de ferroníquel que tiene en Córdoba hace 36 años, la cuarta más grande de su tipo en el mundo.