Novedades y retos del marco regulatorio de telecomunicaciones en Colombia

Con las ponencias de César Pabón, asesor del Departamento Nacional de Planeación y líder de la Estrategia en Análisis de Impacto Normativo y Andrea Muñoz, consultora y docente del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, se realizó un nuevo encuentro de este ciclo de conferencias para discutir acerca de la regulación y de la estimación del impacto regulatorio (RIA).

Durante la conferencia de Pabón, a la que asistieron estudiantes de la Maestría en Derecho del Estado con énfasis en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones del Externado, el invitado habló sobre las políticas de mejora regulatoria en las que está trabajando actualmente el Departamento de Planeación Nacional.

Según dijo, la regulación es de vital importancia para los procesos económicos de un país, pues esta hace uso del poder del Gobierno para restringir las acciones de los agentes económicos que intervienen en: precios, bienes y servicios, en el número de firmas existentes y en la calidad del servicio que estás prestan.

Ante esta premisa, el Gobierno Nacional actúa desde tres instancias: la política fiscal, en la que se involucra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la política monetaria, regulada por el Banco de la República y la Política Regulatoria que hoy en día no tiene ningún ‘doliente’, en opinión del conferencista.

“Las regulaciones se dan como respuesta a fallas del mercado y a intereses específicos; esta mejora debe empezar a imponer mayores beneficios y superar los costos que registra”, dijo el invitado César Pabón.

De esto último surgen las novedades del marco regulatorio y el interés de Colombia por formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que compromete al país con la implementación de buenas prácticas como las requeridas para la elaboración de la normatividad en diversos aspectos, informó.

Esto quedó plasmado en el documento CONPES 3816 de 2014 – 2018 que pretende instituir el Análisis de Impacto Regulatorio desde el inicio de los procesos de diseño y expedición de las normas del ejecutivo. Desde el 2014, el Departamento Nacional de Planeación está buscando asegurar que la nueva regulación sea eficaz, eficiente y transparente para así generar más beneficios a través de la reducción de costos.

Pabón agregó que la mejora regulatoria busca mayor bienestar económico y social por medio de herramientas que permitan una producción normativa de calidad.

Para alcanzar estas buenas practicas, el DNP ha establecido cinco estrategias:

• Implementar análisis de impacto normativo.
• Generación de capacidades.
• Consulta pública y transparencia.
• Institucionalidad.
• Administración y racionalización del inventario normativo.

Para cumplir lo anterior, apuntó Pabón, el DNP ha empezado capacitaciones que buscan masificar el conocimiento de este tema en espacios de orden territorial.  Además, está implementando pilotos en entidades reguladoras en asuntos como medición inteligente del acueducto, energía eléctrica y gas.

“Nuestra prioridad también es la de mejorar los mecanismos de consulta pública para poder establecer unos criterios mínimos en este factor tan importante. Los ciudadanos deben elegir qué normas pasan o no”, enfatizó el conferencista.

Aunque aún queda mucho por hacer, para el 2018 se espera que se siga extendiendo la política de calidad regulatoria a nivel territorial, se generen mayores espacios de interacción con el sector privado, se implementen otras herramientas de mejora regulatoria y se creen equipos de incremento de la calidad normativa en las entidades.