Estado como regulador

Una de las múltiples facetas que tienen los estados es la regulación del mercado y la economía. Dicha función la desempeñan a través de la creación de normativas nacionales y el establecimiento de relaciones económicas internacionales con otros países para comercializar bienes y servicios.

En el ámbito nacional, el Estado está encargado de adoptar dentro de su legislación aquellos principios internacionalmente reconocidos, para establecer un marco jurídico que permita a las empresas tener claridad sobre las reglas aplicables dentro de su actividad económica. En ese sentido, se evalúa ¿de qué manera los estados están implementando los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos? Un acercamiento a la respuesta de dicho interrogante se encuentra en los Planes Nacionales de Acción y en las normativas sobre responsabilidad empresarial de cada país.

Por otra parte, a través del rol del estado en sus relaciones económicas internacionales, las empresas pueden expandir sus actividades más allá de las fronteras territoriales de su lugar de origen. No obstante, para operar en la amplitud del mercado internacional, las organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio y los estados, han establecido algunos instrumentos que facilitan dicha interacción. Dentro de estos, se debe considerar lo que actualmente se conoce como el derecho de la integración en distintas regiones, así como los tratados y convenios internacionales de comercio de los que hacen parte dos o más países.
Finalmente, como es natural en estos procesos, existen controversias que se suscitan entre estados o incluso entre una empresa y un estado a raíz de dichas relaciones económicas. Para ello, el observatorio latinoamericano de derechos humanos y empresas realiza continuamente el seguimiento de casos icónicos que se resuelven bajo escenarios de arbitraje de inversión o bajo la jurisdicción de la OMC.