La crisis humanitaria y el eterno estado inconstitucional de las cárceles de Colombia

Se cumplen 9 años de la sentencia que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano. Expertos(as) en el tema analizaron el X Informe de la Comisión, este 23 de agosto en la Universidad Externado.

Casi una década después de expedida la sentencia T- 388 del año 2013, que exponía la existencia de una vulneración recurrente de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, se siguen presentando denuncias de manera masiva por los alimentos en mal estado, el poco abastecimiento de agua, las malas condiciones de las instalaciones, entre otros temas.

Durante la jornada, expertos como Daniel Echeverry del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, habló sobre el balance del estado de cosas inconstitucional tras la Sentencia y concluyó que debería “plantearse una política que supere el hacinamiento e implementar el enfoque diferencial, así como renunciar a la delegación de la carga carcelaria en los centros de detención transitoria, esto haría que la cifra fuera mejor”.

Seguido a esto, los(as) panelistas dejaron en evidencia algunos puntos generales y transversales que existen en las cárceles del país:

• Falta de transparencia en el sistema, acompañado de una deficiencia de seguimiento por el Gobierno Nacional.
• Normalización y ocultamiento de la crisis carcelaria.
• Alimentos en mal estado y falta de agua.
• Violación de Derechos Humanos.
• Falla estructural ligada al incumplimiento de las funciones legales y constitucionales del Estado en materia de política carcelaria, entre otros.

Ante esto, Claudia Cardona, integrante de la organización Mujeres Libres Colombia, también hizo énfasis en el último informe de la Comisión, en el cual se muestra que, del total de la población carcelaria, “el 6,84% de hombres y el 10,2 % de las mujeres se encuentran sin actividad ocupacional, una deficiencia importante frente al fin resocializador de la pena».

Por otra parte, en el segundo panel, intervinieron: Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional electoral, Juan Sebastián Hernández, investigador de justicia, Yesid Reyes, director de Derecho Penal y Luisa Cano, docente Universidad de Antioquia, quienes a su vez expresaron las acciones que se deberían tomar para superar la vulneración de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

El director de Derecho Penal dijo que establecer las soluciones es más complejo que el reconocimiento del problema, “el primer inconveniente que se debe resolver es mejorar las condiciones sociales del país que tiene que ver con la prevención del delito”.

Marcela Gutierrez, directora del Centro de Investigación en Política Criminal, concluyó diciendo, “¿qué tipo de sociedad queremos?, ya sabemos en que realidad estamos, pero, debemos construir un futuro mejor”.

Para el Externado y su Centro en Investigación de Política Criminal, es importante participar en estos foros académicos, donde se pueden plantear nuevas acciones sobre política criminal, análisis de los fines de la pena y criminalización de ciertas conductas punibles, además de otros aspectos sociológicos e incluso filosóficos, acordes a la hora actual de Colombia y el mundo.