Prisión perpetua: llamado a declarar inconstitucional el Acto legislativo 001  

Después de analizar el Acto legislativo número 1, que aprueba la prisión perpetua para violadores de niños, expertos piden que se declare inconstitucional. 

Al dar sus argumentos sobre la inconveniencia, inefectividad e inconstitucionalidad del Acto legislativo número 1 por medio del cual el Congreso de Colombia aprobó la cadena perpetua para los violadores de niños, profesionales de diversas disciplinas convocados por el Centro de Investigaciones en Política Criminal – CIPC de la Universidad Externado de Colombia, hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la norma.

De acuerdo con el punto de vista general, la reforma en cuestión no sirve para prevenir las violaciones de menores e, incluso, resulta contraproducente; tampoco para restaurar los derechos de los afectados; el factor resocializador de la pena se pierde con la perpetuidad; no reduce la impunidad, además de romper el principio de dignidad de las personas consagrado en nuestra carta política.

Los participantes en el conversatorio “No a la prisión perpetua: hay mejores formas de proteger a los niños, niñas y adolescentes”, concordaron en la necesidad y urgencia de proteger los bienes jurídicos de los niños, pero dijeron que esta es una medida populista e hipócrita dirigida a actuar dentro del marco de lo ‘políticamente correcto’ cuyo impacto en la protección y en el respeto de derechos de los menores no solo es nulo, sino que tiende a esconder la permanente desprotección y abandono en que ellos se encuentran.

Entre el grupo de profesionales que intervinieron en el encuentro, organizado por el citado centro de investigación, estuvieron Castor Bartolomé Ruiz, doctor en Filosofía de la Universidade da Vale do Rio dos Sinos UNISINOS (Brasil); Omar Bravo, doctor en Psicología, docente Universidad ICESI. (Colombia); Gloria Carvalho, directora de Alianza por la Niñez; Corporación Humanas (Colombia); Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás (Colombia); Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional del Externado y Douglas Durán, director de Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal (Ilanud), junto con las integrantes del CIPC del Externado, Marcela Gutiérrez (directora), Ana Lucía Moncayo, Angélica María Pardo y Marcela  Olarte (investigadoras).

Para comenzar, la directora del CIPC, Marcela Gutiérrez, echó de menos la realización, previa a la votación, de una discusión en el Congreso Nacional, sobre las realidades sociales y culturales que están detrás del fenómeno de las violaciones sexuales a menores, debate que pueda conducir a una política pública seria, que tenga en cuenta complejidades como los tabúes y mitos alrededor de la sexualidad y las masculinidades hegemónicas.

La cadena perpetua aumenta la impunidad

Si se considera que los delitos sexuales contra los menores ocurren en la mayoría de los casos en el ámbito del hogar y que los victimarios son, por lo general, familiares de la víctima, la instauración de la cadena perpetua va a dificultar aún más la denuncia por parte de los afectados. Porque no se puede olvidar que quien comete delitos sexuales en contra de los menores en ese ámbito, crea lazos afectivos con ellos. Las víctimas se ven ante el dilema de denunciar a un ‘ser querido’.

Este punto de vista fue expresado por el premiado maestro bogotano (premio Compartir 2017 al mejor maestro) y doctor en Educación, Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, quien señaló que, desde su experiencia, ha podido observar que la tendencia en las familias en las que ocurren casos de violación de menores es evitar la denuncia con miras a la defensa de lo que se considera un bien superior, como es la familia.

En nuestro medio, afirma Bermúdez, las familias corresponden a un modelo patriarcal que privilegia un respeto reverencial a quien ‘pone el pan en la mesa’. De esta manera la víctima termina sintiéndose culpable ante la posibilidad de acusar al padre proveedor. Así, asegura el educador, la cadena perpetua es un factor de aumento de la impunidad en los casos de violencia sexual intrafamiliar.

Según el profesor Bermúdez, la respuesta que se debe dar a un fenómeno tan generalizado es una educación integral (que incluya una educación sexual profunda) que cuestione el modelo tradicional de la familia patriarcal, en el que el padre es el amo absoluto y la mujer está llamada a ‘tapar’ lo que ocurre para conservar la cohesión familiar.  Debe existir la posibilidad de examinar con sentido crítico lo que el profesor denominó “las masculinidades y feminidades tóxicas”, y  generalizar una educación con enfoque de derechos en que se empodere a los menores desde edades tempranas, como primer paso para ir educando paulatinamente a la familia.

La justicia rebajada al nivel de vendetta

La pena de cadena perpetua que acaba de institucionalizarse en Colombia se equipara a un acto de venganza que corroe el sentido de la justicia genuina, destacó el filósofo brasilero Castor Bartolomé.

Para explicar la distancia entre venganza y justicia, este académico señaló cómo la cadena perpetua es un intento de “borrar los vestigios de humanidad” de la persona condenada y establecer una pena que produzca un dolor proporcional al causado por el delincuente. En ese sentido es pura y llanamente una venganza que migra del plano individual al institucional, como un recurso de odio y de resentimiento que poco tiene que ver con la justicia. Entre otras razones porque se elimina de plano la función restaurativa de la justicia. La cadena perpetua, aseguró el conferencista, corresponde a un populismo social, a un linchamiento simbólico que ofrece una falsa sensación de seguridad en la sociedad, que no es más que una válvula de escape en la que se vende la falsa idea de que se va a alcanzar la paz.

Desde la Psicología, Omar Bravo, profesor de ICESI, cuestionó con dureza la idoneidad científica de las técnicas utilizadas para determinar el grado de peligrosidad de un candidato  a la cadena perpetua y dijo que resulta irresponsable que estos dictámenes sean decisivos para enviar a una  persona a una situación devastadora de vivir en un ‘tiempo sin tiempo’, para el resto de su vida. Agregó información sobre los efectos de la prisión y el aislamiento y destacó cómo los espacios de libertad son los únicos adecuados para mejorar la condición de personas como los violadores.

Bravo puso de presente, además, la carga de hipocresía que marca una medida como la cadena perpetua en pro de proteger a “nuestros niños”, cuando aquí la desprotección, la violencia y la falta de respeto por los derechos de menores son la regla general.

Otros participantes como la investigadora �ngela Marcela Olarte, advirtieron las contradicciones del Congreso de Colombia que, en aras de la protección de los menores,  expiden una norma como la cadena perpetua mientras se abstienen, por ejemplo, de aprobar iniciativas como la defensa de esta población frente a productos alimenticios dañinos para su salud o de prohibir el castigo físico por sus impactos en la psiquis de los menores. “La protección resulta, entonces, como un concepto vacío.

Entretanto, la directora del Departamento de Derecho Constitucional del Externado Magdalena correa Henao destacó cómo el acto legislativo puede resultar vulnerable en la Corte Constitucional, especialmente respecto de la premisa de dignidad humana y los principios del sistema criminal presentes en nuestra carta política.

Al preguntarse si esta norma no representa una sustitución de la Constitución, la investigadora del CIPC Angélica María Pardo advirtió sobre la posibilidad de que se abra aquí una caja de pandora para el populismo punitivo que conduzca, por ejemplo, a revivir en el país la pena de muerte.

Finalmente costarricense director de ILANUD, Duglas Durán, coincidió en que la prisión perpetua contradice el principio de dignidad que permea la Constitución Colombiana.

Declaró que, de acuerdo con sus conocimientos y experiencia, la prisión perpetua no reduce el delito y contradice la política criminal en general cuyo fundamento es prevenir el delito. “Son, en definitiva, carencias del Estado en protección integral a la infancia que se tratan de tapar con medidas rimbombantes que no bajan las tasas de criminalidad”, declaró el experto.

Al final, la directora del CIPC, Marcela Gutiérrez, remató: “todos estamos en favor de la protección  de los menores, pero los medios para ello deben ser idóneos. Debemos construir una sociedad restaurativa que le de paso a una justicia restaurativa”.