Prisiones en Colombia, una emergencia permanente
El ‘estado de cosas inconstitucional’ en las prisiones, declarado en 2013 por la Corte Constitucional no solo se mantiene sino que la realidad en ese entorno empeora, dada la aparición del Covid 19. Descarnado informe de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013.
“Cuando decimos que por qué huele a dañada la comida, nos dicen que no sabemos comer, que es una salsa exclusiva, pero la realidad es otra: el pollo en descomposición, la carne con gusanos y las papas con mugre”.
Este es el testimonio de una de las personas privadas de la libertad escuchado en una de las visitas realizadas a nueve cárceles del paÃs entre el 30 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2020 por la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 y al Estado de Cosas Inconstitucionales en materia carcelaria, compuesta por varias organizaciones y personas de la sociedad civil1, para presentar el “VII informe sobre la situación carcelaria”, esta vez escuchando las voces de quienes sufren a diario en los centros de reclusión.
Las visitas se realizaron a los establecimientos de Bellavista y Pedregal de MedellÃn; Complejos Carcelarios y Penitenciarios de Cúcuta y JamundÃ; los Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad y Carcelarios de Barrancabermeja y Valledupar; el Establecimiento Penitenciario “San Isidro” de Popayán; la Cárcel “La Modelo” de Bogotá y la Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”.
La Comisión evidenció que las problemáticas reportadas desde la declaración del Estado de Cosas Inconstitucionales en 2013 no se han superado y las acciones del Gobierno continúan desconectadas de las dinámicas reales de la crisis y de las vulneraciones a los derechos que esta genera.
Por medio de grupos focales se habló con personas privadas de la libertad sobre siete ejes: resocialización, hacinamiento e infraestructura, salud, alimentación, acceso a la justicia, carencia de servicios públicos y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En todos los establecimientos la Comisión recibió denuncias por el estado de descomposición de los alimentos que les suministran; las demoras en la atención en salud, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas; las arbitrariedades de los directivos y la guardia en el suministro de agua potable, al punto de que no es posible bañarse, lavarse las manos y descargar la cisterna, lo que imposibilita hacer frente a la propagación de enfermedades.
En lo que tiene que ver con el hacinamiento, se registró que, en celdas diseñadas para dos o cuatro personas hay ocho y que el grado de sobrepoblación es tal que algunas personas deben dormir en los pasillos de la reclusión y hasta 200 personas comparten dos sanitarios.
También reportan que las condenas se alargan debido a la ineficiencia en el seguimiento y entrega de los procesos a los juzgados de Ejecución de Penas y que persisten tratos crueles e inhumanos, especialmente durante las requisas y que se imponen castigos fÃsicos.
Los trabajos de resocialización dirigidos a las mujeres reproducen estereotipos de género con remuneraciones que pueden no superar los 6.000 pesos mensuales. Las mujeres, además, reportaron que las actividades que se ofrecen a las internas son insuficientes, de baja calidad, sujetas a arbitrariedad, coimas o tráfico de influencias.
Estos resultados y su relación con la llegada de la pandemia de la COVID-19 fueron tratados por la Comisión en el foro virtual: Prisiones en Colombia, una emergencia permanente, realizado este 8 de julio de 2020.
La Comisión insiste en la necesidad de que el Gobierno ejecute planes para superar la emergencia permanente de las prisiones en Colombia que desde 2013 se ha reflejado en la declaración de la Corte Constitucional del Estado de Cosas de Inconstitucionalidad. La no atención a esa emergencia ha aumentado el riesgo de morir para las personas privadas de la libertad ya que en los centros de reclusión no se cuenta con las medidas mÃnimas de bioseguridad para evitar el contagio masivo: agua, jabón, espacio para distancia social, espacios de aislamiento para los pacientes positivos.
La Comisión resalta la necesidad de que el Estado implemente reformas estructurales, urgentes y efectivas para asegurar la sostenibilidad del sistema y su capacidad de garantizar, en condiciones de igualdad, los derechos fundamentales de la población carcelaria que siguen siendo vulnerados de manera generalizada.
Estar privado o privada de la libertad no es sinónimo de perder los derechos humanos.
Organizaciones que conforman la Comisión: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Centro de Investigación en PolÃtica Criminal de la Universidad Externado de Colombia, Colectivo Abolicionista Contra el Castigo, ConsultorÃa para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, Corporación Humanas Colombia, Equipo JurÃdico de Pueblos y Fundación Comité de Solidaridad con los Presos PolÃticos.
